La transición energética en Colombia no es solo un desafío técnico: es, ante todo, un reto financiero, institucional y social. Bajo esta premisa, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, a través de su Maestría en Innovación de Sistemas Energéticos (MISE), reunió a líderes del sector público, privado, académico y multilateral en el foro “Finanzas verdes y descarbonización en Colombia”, un espacio diseñado para reflexionar sobre cómo movilizar el capital necesario para acelerar una economía baja en carbono y de esta manera reducir los costos de sus impactos.
El evento, realizado el pasado 8 de abril en el auditorio Mario Laserna, propuso una conversación estratégica sobre el papel de los instrumentos financieros verdes, su articulación con el desarrollo productivo y su impacto en la inclusión financiera y la prosperidad social. A lo largo de la jornada, expertos de entidades como la banca, organismos multilaterales, el sector energético y el Gobierno compartieron experiencias, casos de éxito y perspectivas sobre cómo escalar la financiación climática en el país.
La agenda reunió voces clave como Mariana Escobar Uribe, Senior Operations Officer IFC - International Finance Corporation; Rocío Sierra, directora de la Maestría en Innovación de Sistemas Energéticos, MISE, Adriana Abrego y Juan Fernando Saldarriaga, profesores de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil y Ambiental de Los Andes; Diana Carolina Díaz, subgerente de Financiamiento Grupo Energía de Bogotá; Catalina Bateman, subdirectora técnica de Financiamiento de la Secretaría de Hacienda de Bogotá; Claudia Merchán, subdirectora de Cambio Climático y Gestión de Riesgo de Desastres del DNP; Lorena Rodríguez, Associate Operations Officer IFC - International Finance Corporation, Alejandra Díaz, directora de Sostenibilidad del Banco Davivienda y Seguros Bolívar y Manuel Ruiz, consultor de Finanzas Sostenibles.
Este encuentro permitió conectar miradas desde la regulación, la ciencia aplicada y la estructuración de instrumentos financieros para la descarbonización.
Durante la apertura, Carlos Francisco Rodríguez, vicedecano de la Facultad de Ingeniería de Los Andes destacó que la transición energética exige mucho más que avances tecnológicos: requiere una arquitectura financiera sólida que permita escalar soluciones. Subrayó que Colombia enfrenta el desafío de crecer mientras reduce su huella de carbono, y que esto solo será posible si se logra articular el capital climático con la inclusión financiera, la competitividad empresarial y la realidad de los territorios.
“El reto no es solo movilizar capital, es asegurar que este capital sea inclusivo”, afirmó, invitando a construir puentes entre la evidencia técnica, la política pública y la innovación financiera para consolidar una transición energética más justa, resiliente y eficiente.
El evento continuó con la conferencia ´De la regulación a la acción: cómo movilizar capital climático privado en Colombia´ a cargo de Mariana Escobar, quien aprovechó este espacio para poner sobre la mesa un mensaje contundente: la urgencia del cambio climático ya no admite postergaciones. Más allá de ser una discusión técnica, lo definió como uno de los mayores desafíos de nuestra generación, impulsado principalmente por la actividad humana y con consecuencias cada vez más visibles. Desde olas de calor, inundaciones y sequías, hasta la pérdida de ecosistemas y servicios naturales, los impactos, directos e indirectos, están afectando la salud, la seguridad alimentaria y la calidad de vida, evidenciando la profunda interdependencia entre clima, naturaleza y desarrollo.
Escobar también llamó la atención sobre una percepción frecuente en América Latina: la de no sentirse plenamente responsable frente al cambio climático por su menor contribución histórica a las emisiones globales. Sin embargo, subrayó que la región, y particularmente Colombia, se encuentra entre las más vulnerables del mundo. Esta vulnerabilidad no solo se traduce en riesgos ambientales, sino también en efectos sociales como migración, presión sobre los sistemas productivos y afectaciones a la estabilidad económica, lo que refuerza la necesidad de actuar con decisión desde todos los frentes.
En este contexto, la experta conectó el cambio climático con el sistema financiero, destacando que sus impactos ya tienen un costo económico tangible. Citando estimaciones regionales, señaló que los daños podrían representar entre el 1,5 % y el 5 % del PIB de América Latina, mientras que, en el caso colombiano, la adaptación al cambio climático requerirá inversiones cercanas al 1,2 % del PIB acumulado hacia 2050. Estas cifras evidencian que la transición energética no puede depender exclusivamente de recursos públicos, sino que exige una movilización masiva de capital, en la que el sector privado juega un rol decisivo.
A partir de allí, Escobar explicó cómo las finanzas sostenibles se han convertido en un pilar fundamental para responder a este desafío. Desde instrumentos como bonos verdes, sociales y de desempeño sostenible, hasta mecanismos de financiamiento de transición para sectores difíciles de descarbonizar, el sistema financiero ha evolucionado de una lógica de responsabilidad social hacia una de gestión de riesgos y generación de oportunidades. “No se trata solo de evitar impactos negativos, sino de entender cómo el cambio climático afecta la estabilidad financiera y, al mismo tiempo, abre nuevas oportunidades de inversión”, destacó, subrayando que el futuro de la transición energética dependerá de la capacidad de articular regulación, innovación financiera y visión de largo plazo para escalar soluciones sostenibles en el mercado.
En seguida, los profesores Adriana Abrego y Juan Fernando Saldarriaga fueron protagonistas del conversatorio ´Del dato climático al instrumento financiero: ciencia aplicada a la descarbonización´.
Durante su intervención, Adriana Abrego planteó un mensaje central: el cambio climático ya no puede entenderse únicamente como un problema ambiental, sino como un riesgo financiero sistémico que impacta directamente los pilares de la economía. Desde su perspectiva, los efectos del clima inciden en los ingresos, los costos y la valoración de activos, al tiempo que están transformando la manera en que se asigna el capital en sectores clave como energía, infraestructura y agricultura. En ese sentido, subrayó que la transición hacia economías bajas en carbono no solo implica innovación tecnológica, sino también una profunda reconfiguración financiera.
Uno de los puntos relevantes de su intervención fue aprovechar el volumen de datos climáticos disponibles. Para Abrego, el verdadero reto ya no es generar información, sino integrarla de manera efectiva en la toma de decisiones financieras. Esto exige un enfoque interdisciplinario que articule analítica de datos, modelación de riesgos, ingeniería y finanzas, permitiendo traducir la incertidumbre climática en decisiones concretas de inversión, cobertura y planificación. “El compromiso no es solo producir datos, sino convertirlos en decisiones”, enfatizó, destacando la necesidad de cerrar la brecha entre el conocimiento técnico y su aplicación en el sistema financiero.
Finalmente, la profesora evidenció una tensión crítica en la financiación climática actual: aunque los recursos han crecido significativamente, su asignación sigue siendo desequilibrada. Mientras la mayor parte se destina a mitigación, reducción de emisiones, la inversión en adaptación, clave para fortalecer la resiliencia frente a impactos físicos, continúa siendo limitada. Esta descompensación, advirtió, incrementa tanto los riesgos de transición como los riesgos físicos, y pone en evidencia que el desafío no es solo movilizar más capital, sino asignarlo mejor.
Mientras tanto, el profesor Saldarriaga puso el foco en tres brechas estructurales que hoy limitan el avance de la descarbonización. La primera, una desconexión persistente entre la academia, los datos técnicos y el sector financiero, que operan en paralelo sin lograr articularse. La segunda, la falta de estandarización en métricas y reportes, con múltiples marcos coexistiendo, que dificulta la comparabilidad y la toma de decisiones. Y la tercera, una integración aún insuficiente del riesgo climático en los proyectos, muchas veces reducida a enfoques superficiales de cumplimiento y con horizontes de corto plazo, lo que impide responder a un desafío que exige visión de largo plazo.
Saldarriaga también evidenció las desigualdades en la movilización global de capital climático. Señaló que América Latina recibe apenas una fracción mínima de estos recursos, alrededor del 4%, a pesar de su alta vulnerabilidad, lo que refleja una concentración del financiamiento en economías desarrolladas. No obstante, destacó avances importantes en Colombia, como el impuesto al carbono, el crecimiento del mercado voluntario de créditos y la emisión de bonos verdes, que han demostrado la capacidad del país para atraer inversión internacional cuando existen marcos claros y proyectos bien estructurados. Asimismo, resaltó el papel de la taxonomía verde como una herramienta clave para orientar el capital hacia actividades realmente sostenibles.
Finalmente, el profesor planteó un llamado a la acción desde la academia: convertirse en un verdadero puente entre la ciencia, las finanzas y la política pública. Para ello, propuso avanzar desde la generación de datos hacia su traducción en métricas financieras, el desarrollo de modelos de decisión, la producción de evidencia rigurosa y la creación de metodologías replicables. Enfatizó que Colombia cuenta con oportunidades significativas, en agricultura sostenible, bosques, energías renovables y gestión de residuos, pero también enfrenta desafíos como el greenwashing, la baja calidad de datos, la incertidumbre regulatoria y la exclusión de comunidades vulnerables.
El Foro culminó con un panel en el que se discutió sobre las finanzas climáticas 360, el gobierno, la banca y el mercado de deuda. Diana Carolina Díaz, Catalina Bateman, Claudia Liliana Merchán, Lorena Rodríguez y Manuel Ruiz Pedraza coincidieron en que el financiamiento climático ha avanzado de manera significativa en los últimos años, pero aún enfrenta retos estructurales.
La discusión partió de un concepto clave: la “tragedia del horizonte”, que evidencia cómo los ciclos financieros de corto plazo dificultan responder a un problema de largo alcance como el cambio climático. En este contexto, se destacó que, si bien hoy existen más estándares, herramientas analíticas y marcos regulatorios, como taxonomías verdes y principios internacionales, el verdadero desafío está en traducir estos avances en inversiones efectivas, transparentes y con impacto medible.
Durante la conversación, las panelistas resaltaron la creciente sofisticación del ecosistema financiero, con un portafolio cada vez más amplio de instrumentos que incluyen bonos verdes, sociales y sostenibles, mercados de carbono, seguros climáticos, garantías y mecanismos innovadores como los bonos de transición y las cláusulas de deuda resiliente. Sin embargo, también subrayaron que la existencia de estos instrumentos no es suficiente por sí sola: es indispensable fortalecer la estructuración de proyectos, las capacidades técnicas y la articulación entre sector público y privado para que el capital llegue donde más se necesita. En esa línea, el panel coincidió en que la movilización de recursos hacia la descarbonización debe ir acompañada de una visión de inclusión social y territorial, asegurando que la transición energética no solo sea financieramente viable, sino también justa y equitativa.
